El pasado mes de abril entró en vigor el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril (BOE del 24), de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

Desde se publicación, son muchas las voces que se han alzado a favor de esta norma con la que se pretende ahorrar 7.000 millones de euros para reforzar la sostenibilidad de la sanidad pública —mejorando la eficiencia en la gestión, promoviendo el ahorro y limitando la condición de asegurado para terminar con el “turismo sanitario”—, y otras tantas las que lamentan que este ahorro se construya sobre la base de la ruptura con la “universalización de la atención sanitaria” —recogida en la Constitución Española y en la Declaración de los Derechos Humanos, entre otros— y que sostienen que la reforma únicamente servirá para vaciar el bolsillo de los ciudadanos enfermos.

Pero más allá de las polémicas que sólo el tiempo solventará, y por lo que a nuestro campo nos ocupa, nos preguntamos ¿cómo afecta este nuevo texto a los pacientes crónicos?

En este sentido, y para entender mejor esta reforma de nuestro sistema sanitario, debemos partir de la diferenciación de tres carteras comunes de servicios dentro del Sistema Nacional de Salud (artículos 8 a 8 quinquies de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud):

En primer lugar, la cartera común básica que comprende la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación, así como el transporte sanitario urgente.

Al garantizar este Real Decreto-ley las prestaciones “estrictamente dirigidas a la curación o prevención de la enfermedad” parece dejar fuera de cobertura los procesos que ni se curan ni se previenen, es decir, las enfermedades crónicas.

En todo caso, estos servicios básicos son cubiertos íntegramente por financiación pública.

En segundo lugar, el nuevo texto establece una cartera común suplementaria, que comprende las prestaciones cuya provisión se realiza mediante dispensación ambulatoria.

Esta cartera de servicios, que están sujetos a aportación del usuario, incluye la prestación farmacéutica, la ortopédica, los productos dietéticos y el transporte sanitario no urgente.

En este punto, el texto normativo parece olvidarse de algunos enfermos que pueden requerir transporte sanitario para su tratamiento incluso 3 veces por semana —como los que necesitan tratamiento de hemodiálisis—; transporte que se considera “no urgente” que tal vez no puedan costearse, viéndose seriamente afectada su calidad de vida y su estado de salud.

Por otra parte, en cuanto a las prestaciones farmacéuticas para los tratamientos de carácter crónico, el usuario deberá aportar un 10% del PVP en los medicamentos pertenecientes a los grupos ATC (Sistema de Clasificación Anatómico-Terapéutico-Químico) de aportación reducida (entre los que se encuentran corticoides para uso local, agentes antialérgicos —excluyendo corticosteroides—, y el ácido aminosalicilico).

En todo caso, no se financiarán los medicamentos sin receta, aquellos que no se utilicen para el tratamiento de una patología claramente determinada, los productos de utilización cosmética, dietéticos, aguas minerales, elixires, dentífricos, ni los medicamentos indicados en el tratamiento de síndromes o síntomas de gravedad menor.
En tercer lugar, esta nueva norma establece una cartera común de servicios accesorios que incluye todas aquellas actividades, servicios o técnicas, sin carácter de prestación, que no se consideran esenciales o que son coadyuvantes o de apoyo para la mejora de una patología de carácter crónico, que quedan sujetas a aportación y reembolso por parte del usuario.

Finalmente, cabe hacer una breve referencia a la generalización de la prescripción de los medicamentos por principio activo.

Así, el Real Decreto establece que en los procesos crónicos la primera prescripción —correspondiente a la instauración del primer tratamiento— se hará por principio activo, y para los procesos crónicos cuya prescripción se corresponda con la continuidad de tratamiento, podrá realizarse por denominación comercial, siempre y cuando ésta se encuentre incluida en el sistema de precios de referencia o sea la de menor precio dentro de su agrupación homogénea.

En la práctica, la nueva legislación ha provocado que la mayoría de los fármacos hayan igualado el precio al de su genérico de referencia para que por un lado, el médico pueda prescribirlos por denominación comercial, en el caso de continuidad de tratamiento en enfermos crónicos. En el caso de prescripción por principio activo al iniciar un tratamiento, no constará ninguna marca en la receta y el farmacéutico estará obligado a dispensar el de menor precio, que en teoría seria el genérico y en la practica el paciente puede elegir cualquier marca de dicho principio activo que tenga el mismo precio.

Autores:
Sara Sánchez Prieto es Lda. en Derecho y redactora experta en temas jurícos.
Antonio Vaquero es el Presidente de ACCU Madrid.